*Por Axel Romero

Estar bajo sospecha o cuestionados en la honradez o moral es una situación incómoda, de la que generalmente cualquier persona quiere salirse, probando su inocencia en el hecho del que se lo acuse. Es muy humillante sentir el peso de la acusación y la primera reacción es defenderse dando pruebas de inocencia. Sin embargo esto no es aplicable a los funcionarios y la dirigencia política que en su gran mayoría se acostumbró a estar  sospechada, al punto que ya no le molesta la condena social, y lo que es peor, no se sienten movilizados a esclarecer los asuntos y declararse inocentes, claro está, si esto fuera posible.

Una acusación infundada puede ser una daga que se clave profundamente en el honor de una persona de buen nombre y honrada. De hecho el daño que produce sentirse asociado a una mala acción puede ser tan profundo, que hay leyes que contemplan la figura de la “calumnia y la injuria” y hasta prevén mecanismos de defensa y castigo, para que el afectado limpie su honor y el acusador pague por su declaración.

Lamentablemente, la reinante corrupción en la forma de hacer política y la gestión de una gran parte de los funcionarios públicos, ha cubierto a la clase dirigencial de un manto de sospecha y acusaciones que nunca se termina de quitar para transparentar el funcionamiento de las instituciones políticas y el mismo Estado. Y poco se hace para aclarar lo que a los ojos aparece turbio o explicar lo irregular. Porque no pueden comprobar su inocencia o porque las causas nunca prosperan y “nunca pasa nada” y por lo tanto no hay necesidad, políticos y funcionarios se acostumbraron a vivir sospechados, cuestionados individualmente y como grupo ante la sociedad y despojados del honor que les otorga de la función que invisten. Y no parecen interesados en revertir la situación.

La polémica política, social, mediática por los packs alimentarios de Desarrollo Social tirados a los chanchos, reflotó viejas causas nunca esclarecidas en la misma área, durante gestiones anteriores. El encargado de hacer las bochornosas memorias fue el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Brizuela,  quien aseguró que “Desarrollo Social es un emblema de la corrupción”, haciendo alusión a las gestiones de Colombo, Brandan, Córdoba, Figueroa y Córdoba Molas. Cuatro titulares de la asistencia social bajo sospecha de corrupción, en causas hasta ahora sin resolución de la justicia. Sin condena pero sin resolución absolutoria. Es decir, funcionarios o ex funcionarios, que por años son sospechados y acusados de corruptos sin que les mueva un pelo.

Las causas de las “compras directas” tienen en algunos casos más de 8 años de iniciadas, pues algunas de las millonarias compras, que se relacionaron con el asistencialismo preelectoral y el negocio con amigos y parientes, fueron habilitadas a partir de un decreto firmado por el ex gobernador Oscar Castillo en diciembre de 2000. Tiempo este, durante el cual la única estrategia de defensa de los imputados parece ser demorar, dilatar y esperar que todo prescriba, muera en un expediente archivado o pase al olvido. Cuando la mayoría de las personas, sobre todo si fueran inocentes, harían lo imposible por probar la inocencia. Se acostumbraron a vivir sospechados.

Para colmo de males la sospecha de corrupción e irregularidades que en un primer momento manchaban a Desarrollo Social y sus funcionarios, Colombo, Figueroa, Brandan, Tula Garín y Bracamonte, luego durante la etapa de auditorias y en el mismo proceso de investigación judicial se extendió al Tribunal de Cuentas y la misma Justicia provincial, que también están sospechados en su accionar. En el caso del TC porque a pesar de que en un primer momento denunció irregularidades y la posible comisión de delitos, luego fue suavizando los resultados de las auditorias hasta determinar que casi no había irregularidades. Y el Poder Judicial, porque en mas de 8 años, no solo no avanzo en el esclarecimiento de lo que puede ser un daño económico millonario al la Provincia, sino que en algunos casos sugirió archivar la causa, al desestimar la investigación fundamentado en las sospechadas auditorias del TC.

Compras Directas, Megafraude de Desarrollo Social, Megafraude Energético, Circuito de la basura… solo algunos casos, que por resonante pueden usarse como ejemplos. Gran cantidad de funcionarios sospechados, nunca condenados pero nunca limpiados. La sabiduría popular dice que las investigaciones de la corrupción en el Estado nunca prosperan. Al punto que se da por sentado que en el nuevo escándalo de desarrollo Social sucederá lo mismo.

Claramente la irresolución, el no esclarecimiento o la ausencia de castigo a los funcionarios (si fuera aplicable) en situaciones como la mencionada, hacen que la transparencia y el buen nombre sean algo prescindibles en la política actual. Porque aunque no conocemos mucho funcionarios condenados por corrupción o irregularidades, sin es larga la lista de los sospechados y socialmente condenados, que siguen “vivos” en la escena política y rotando de rol en la administración publica y el ejercicio del poder. Ya no es un problema estar sospechados.

El patrón de conducta que rige la gestión de pública y la actividad política no tiende a lo claro y transparente. La Oficina Anticorrupción informó que en más de 17 provincias es de muy difícil a imposible conseguir las declaraciones patrimoniales juradas de los funcionarios públicos. Las declaraciones juradas son un instrumento de prevención de los delitos contra la administración previsto en la Convención Interamericana contra la Corrupción, a la que la Argentina adhiere desde 1997. Catamarca está en el extremo más obtuso, porque pesar de que todos los gobernadores y sus funcionarios están obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales esos documentos son secretos o sólo se abren ante una orden judicial. A pesar de tener a su disposición una muy oportuna herramienta para trasparentar su accionar ante la sociedad, y salirse del fangal de sospecha que ensucia a la política actual, ningún funcionario la usa, porque muchos ya hicieron cayo y no tienen sensibilidad a la condena social o sospecha.

Párrafo aparte para disparar la reflexión de toda la sociedad sobre porque el voto popular (el de la mayoría) sigue consagrando a sospechados y otorgándoles lugares de representación en el gobierno democrático. Y pensar si la clase gobernante no es un extracto de la sociedad a la que representan y un espejo de una preocupante crisis de valores.

Honorable o excelentísimo son títulos protocolares utilizados en la designación de funcionarios que hacen alusión a virtudes muy deseables en los gobernantes como la honradez, la rectitud, la moral. El honor y la excelencia son antónimos de la corrupción o lo deshonesto y no son atribuibles a personas sospechadas de tales que no se esfuerzan por demostrar lo contrario. La política y la administración de lo público necesitan con urgencia una clarificación de sus prácticas, y que sus actores vuelvan a sentir la vergüenza e incomodidad de ser sospechados, para trasparentar sus acciones. No se pueden dejar pasar más oportunidades de sinceramiento. De lo contrario la desconfianza y el descrédito social serán cada vez más profundos y difíciles de revertir.

*De la redacción de Catamarca es noticia